Este martes, durante la conferencia matutina del gobierno federal, se dio a conocer que a través de la Secretaría de Gobernación, se está llevando a cabo el análisis de 368 casos penales donde los involucrados han sido privados ilegalmente de su libertad, lo que ha dado como resultado la liberación de 16 personas.
La titular de dicha Secretaría, Olga Sánchez Cordero, detalló que para este cometido se crearon dos direcciones generales, una de Fortalecimiento del Sistema de Justicia, a través de la que se realizarán convenios de colaboración con los Gobernadores de las distintas entidades, así como las Procuradurías y Tribunales Superiores; la otra corresponde a una Mesa de Reconciliación, donde se realiza la revisión de los casos con la colaboración del personal de los reclusorios, representantes de la Procuraduría General de la República, abogados defensores, organizaciones sociales y gente calificada para revisar expedientes penales.
“Liberados, 16 personas en el mes de diciembre, 368 casos que tenemos en la mesa y hasta ahorita hemos liberado estas personas, muchos de ellos inclusive no han tenido una sentencia después de muchísimos años de estar privados de la libertad; y muchos de éstos es porque los jueces no tienen manera de condenarlos, porque no tienen los elementos probatorios necesarios y las evidencias para poder condenarlos”.
La funcionaria ahondó que muchos de los casos están relacionados con la protesta social, en donde los detenidos se han opuesto a prácticas en contra del medio ambiente, como el fracking (fracturación hidráulica para aumentar la extracción de gas o petróleo); situación que la administración federal asegura no permitirá.
“Tenemos ambientalistas que están privados de su libertad por haberse opuesto a las practicas del fracking en la zona norte de Puebla y entonces, fueron privados de su libertad; hay muchísima gente humilde que no tuvo siquiera derecho a un defensor público”.
Así mismo, Olga Sánchez señaló que este programa será permanente dentro del gobierno federal actual y ajeno a la Ley de Amnistía que se planea implementar, ya que para ésta hace falta definir el universo de personas a las que irá dirigida.
En cuanto a las mujeres que se encuentran presas por situaciones relacionadas al aborto, indicó que este delito es de competencial local, ya que cada entidad lo tiene tipificado de distinta manera, pero que podría darse la vinculación a través del amparo para que los casos lleguen a la instancia federal y así, poder dar revisión e impartición de justicia a éstos.
Finalmente, la Secretaria de Gobernación recordó que la ampliación al catálogo de delitos graves, sin derecho a fianza o libertad provisional, son únicamente tres: hechos de corrupción, delitos electorales y el robo de combustible, ya que son esos delitos los que más han afectado a la sociedad.
