Por: Alejandra Hernández.
Por unanimidad, el Senado de la República aprobó un dictamen para imponer, además de la pena de prisión que establece el Código Penal Federal, la inhabilitación de forma definitiva para ejercer su profesión a quienes atiendan a niñas, niños y adolescentes, y cometan el delito de abuso sexual en contra de estos menores.
El proyecto también modifica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que autoridades de los tres niveles de gobierno conformen una instancia multidisciplinaria para la prevención, atención y canalización, de los casos de cualquier forma de violencia y abuso sexual en contra de los infantes, que se suscite o detecte en los centros educativos.
“Se trata -asentaron los senadores- de un delito con incidencia principalmente en los espacios escolares de educación básica, donde los profesores, agresores, incurren en conductas que violentan sus cuerpos y su estabilidad emocional desde una posición de autoridad”.
Destacaron en el dictamen que tan solo entre enero de 2012 y el 15 de agosto de 2018, fueron presentadas un total de 637 denuncias por abuso sexual en las escuelas de la Cuidad de México.
Además, señalaron que el texto vigente que contiene el Código Penal Federal contempla inhabilitar al profesionista solo por cinco años, pero ésta “no es una pena suficiente”.
La senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dijo que se requiere un protocolo para que los agresores sexuales no sean contratados en lugares donde se atiende a los menores como en las escuelas, centros deportivos o iglesias.
“Se ha demostrado que un agresor sexual no agrede una vez, sino que lo hace en al menos 60 ocasiones y son especialistas en moverse de un lado al otro, para detectar a los niños”; advirtió.
