Por: Rafael Vigil.
Los nueve millones de pesos que fueron utilizados de manera irregular por dos ex funcionarios de la administración del ex alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega, serán devueltos al erario municipal, a través del Poder Judicial del Estado, una vez que los procesados realicen el depósito del recurso, por lo que serán integrados al presupuesto anual; así lo dio a conocer el secretario municipal de gobierno, Apolinar Casillas.
A este respecto, el funcionario municipal precisó que este procedimiento legal tuvo consecuencias penales y administrativas, por lo que el anterior secretario de gobierno y el ex titular de Protección Civil serán también inhabilitados por cinco años; así como el proveedor que fue partícipe en el desvío de recursos.
“El daño ya fue resarcido y se espera que sea depositado el monto de lo señalado. No habría otro proceso porque tienen alcances resarcitorios, como los procesos administrativos de la inhabilitación a dos funcionarios y a un proveedor”; recalcó.
Así mismo, dijo que, de los procesos presentados por la administración municipal, se ha dado conclusión a uno, por lo que quedan pendientes otros cinco, entre los que destacan las concesiones del servicio de recolección de basura, las pantallas de publicidad colocadas en la capital, así como una afectación a un particular dentro de su propiedad, en la construcción de la avenida Paseo Querétaro, en la zona norponiente de la ciudad.
Cabe destacar que el pasado sábado se hizo público el fallo del juez de control que llevaba el proceso en contra del ex secretario de gobierno, Manuel Velázquez Pegueros y del ex titular de Protección Civil, Fernando Martínez Garza, así como de un proveedor; esto por hacer mal uso de nueve millones de pesos en servicios de capacitación, que no fueron justificados en las observaciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).
De acuerdo con la instancia investigadora, los acusados recibieron una condena de cinco años, misma que fue cambiada por el pago del monto del daño, los nueve millones de pesos, así como una multa de 45 mil pesos y mil 500 horas de trabajo comunitario, por el delito de corrupción.
