Buscan diputadas evitar que quienes sean investigados por corrupción no puedan participar en otras licitaciones

 

Por: Leticia Hernández.

 

El día de hoy, las diputadas Abigail Arredondo Ramos y Karina Careaga, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron en el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratos de Servicio en el estado de Querétaro; para transparentar los procesos de licitación y así combatir la corrupción.

Con esta reforma se pretende evitar que toda persona física o moral que haya sido sancionada e inhabilitada por actos de corrupción, pueda participar en nuevos procedimientos de licitación y contratos públicos; que uno de los requisitos para participar en las licitaciones sea no estar sujeto a un procedimiento sancionador por actos de corrupción; que las personas que hayan cometido un acto de corrupción queden fuera del padrón de proveedores, durante el tiempo que dure su sanción, la cual puede ir de 3 meses a 8 años; y que además de las sanciones que establece la Ley de Adquisiciones por incumplimiento al contrato, el responsable pueda ser sujeto a los procedimientos del Sistema Estatal Anticorrupción.

A nivel nacional, de acuerdo con información de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, en el primer año del gobierno federal, tres de cada cuatro contratos públicos se han realizado vía adjudicación directa.

A nivel estatal, de acuerdo con la última cuenta pública realizada por la ESFEQ, en el ejercicio fiscal del 2020 se destacó que prevalece el conflicto de intereses, la vinculación de servidores públicos con empresas, la participación y obtención de contratos por empresas involucradas, o hallazgos de presunta colusión; de los 50 procesos de la cuenta pública efectuados, el ente público que reportó el mayor número de observaciones fue el Municipio de Querétaro, entre enero y diciembre del 2018, ultimo periodo de gobierno de Marcos Aguilar.

Por su parte, la diputada recalcó que el objetivo de esta reforma es “tener el mejor marco jurídico para dar certeza a la ciudadanía, por un lado, a la transparencia, pero justamente al sistema anticorrupción, para tener un sistema fuerte y robusto”.

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