Por: Staff AlertaQro.
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El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, ante la LIX Legislatura de Querétaro, sí ejerció violencia política en razón de género en contra de Laura Polo, diputada local por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Así lo resolvió la Sala Monterrey del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, el pasado 5 de noviembre; por lo que en cumplimiento a la sentencia SM-JDC-328/2020, esta mañana el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) decretó consecuencias y medidas de reparación por dicho caso.
“En cumplimiento a la sentencia de Sala Monterrey, se decretan consecuencias y medidas de reparación integral descritas en el, considerando tercero de esta resolución. Segundo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que una vez que quede firme la presente resolución, dé vista a la LIX Legislatura del estado de Querétaro para los efectos precisados”; informó Carlos Alejandro Perez Espíndola, encargado a la Secretaría Ejecutiva del IEEQ.
También la resolución ordena que se notifique al Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) sobre dichas medidas y se ordena, al diputado acusado, el cumplimiento de la sentencia.
En tanto, Susana Rocío Rojas, representante de Morena ante el IEEQ, lamentó que se sigan confirmando actos de violencia contra las mujeres, así como en los documentos resolutivos se omitiera el nombre del diputado.
De acuerdo con la Sala Monterrey, se acreditó la violencia política en razón de género debido a que, en la sesión de Pleno del 12 de septiembre de 2019, el presidente de la Comisión cuestionó la forma en la que la diputada obtuvo su cargo, vulnerando su desempeño en la escena política y afectando su reputación.
“Se tiene por acreditado este elemento, pues de las manifestaciones vertidas por el denunciado, se tiene van encaminadas a cuestionar cómo obtuvo su cargo como Diputada local, vulnerando el desarrollo en la escena política de la denunciante, al verse afectada su reputación e idoneidad frente a las demás personas que accedieron al mismo cargo”; señala el expediente de la Sala Monterrey.
Cabe señalar que con las nuevas disposiciones electorales, aquellas personas que hayan sido acreditadas que ejercieron algún tipo de violencia contra alguna mujer, no pueden contender u ocupar un cargo público.
