- Carmen Galván
El reconocimiento de la violencia digital como un tipo de violencia en la entidad, así como las aprobaciones de reformas contra los deudores alimentarios y las agresiones con ácido son los pendientes legislativos en Querétaro para que las mujeres pueden acceder a la justicia.
En la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Querétaro sigue sin incluirse la violencia digital como uno de los tipos de violencia reconocidos que son víctimas las mujeres en la entidad.
De acuerdo a esta Ley, los tipos de violencia reconocidos son: violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, política y simbólica.
Asimismo, se consideran las modalidades de violencia familiar, violencia laboral, violencia en la comunidad, violencia institucional, violencia feminicida, hostigamiento y acoso sexual y de las modalidades análogas, pero en no los casos de violencia digital.
En 2019, en Querétaro se aprobaron diversas reformas en el Código Penal para castigar con cárcel a quien difunda contenido íntimo sin consentimiento, sin embargo aún no se homologa la la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la Federal.
Para las activistas es importante que se realicen estas reformas porque d esta manera se generaron las campañas de prevención, se destinan recursos para las campañas y se reconoce la problemática en la entidad.
Otro pendiente en la entidad es la aprobación de la Ley Sabina que busca obligar a los deudores alimentarios a cumplir con sus obligaciones con sus hijos, por ello se hicieron modificaciones a nivel nacional a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, pero no se ha homologado a nivel local.
En cuanto a las agresiones con ácido contra las mujeres, en agosto del 2023 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a 22 estados, incluido Querétaro, a incorporar la agresiones con ácido en sus legislaciones.
En noviembre del 2023, la diputada Dulce Ventura presentó una iniciativa para reforma el Código Penal del Estado donde se buscaban sanciones de 20 a 60 años de prisión a las agresiones con ácido o sustancias inflamables, sin embargo la iniciativa no ha sido aprobada en Pleno.
