Jonatan N. Parra
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro dio avance a la aprobación del dictamen de ley que sancionará a las denominadas “escuelas patito”.
Las personas que ofrezcan servicios educativos y defrauden a los padres de familia o estudiantes enfrentarán penas de prisión de 3 meses a 4 años, además de multas considerables.
La propuesta para reformar el Código Penal del estado fue presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), «a fin de sancionar la oferta de servicios académicos cuya certificación carezca de validez oficial».
Es decir, que no cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que emite la Secretaría de Educación.
Guillermo Vega, diputado presidente de la comisión, señaló que a nivel nacional se ha identificado que instituciones que funcionan como escuelas privadas no entregan certificados a los estudiantes y, cuando se da seguimiento con las autoridades, no están registradas en la SEP.
«Incluso culpan a las autoridades educativas de no haberles expedido la documentación.
Además, eso pasa después de 2 o 3 años, donde la gente pierde la esperanza y pierde además su dinero», comentó.
Agregó que es una competencia desleal y que los ciudadanos demandan que no haya impunidad, por lo que avanzaron con la aprobación para que se vote en el pleno de la LXI Legislatura.
