La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Querétaro, con la que Vicente Patiño Albarrán, responsable del envenenamiento de los perros rescatistas Athos y Tango, podría alcanzar una reducción de condena.
Los hechos ocurrieron en junio de 2021, cuando los perros integrantes de la Cruz Roja Mexicana, murieron tras ingerir trozos de alimento que contenían una sustancia tóxica. Mientras que un tercer perro, Balam, sufrió lesiones de consideración.
El Tribunal interpuso una condena de 10 años y 6 meses de prisión, el pago de una multa, y la reparación del daño que ascendió a 2 millones 145 mil 479 pesos por Athos y 223 mil 548 pesos por Tango.
Sin discusión, el Pleno aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, mediante el cual se desechó el amparo directo en revisión 7933/2025 promovido por Edgar Martínez Olguín, al determinar que no planteaba un tema constitucional que ameritara intervención de la Corte.
Con esta decisión, queda firme la sentencia del tribunal colegiado que ordena emitir un nuevo fallo con una pena menor, estimada entre tres y cinco años de prisión, además de analizar si el sentenciado puede acceder a medidas alternativas, como el pago de una cantidad económica en lugar de cumplir condena en cárcel.
Asimismo, se ordenó recalcular el monto de la reparación del daño, al considerar que las cantidades previamente fijadas —más de 2.3 millones de pesos— no estaban debidamente justificadas. El tribunal instruyó que estos montos se determinen nuevamente con base en criterios más estrictos sobre el valor comercial y el entrenamiento de los animales.
Por el envenenamiento de los dos perros rescatistas, en agosto de 2022 se dictó una condena de más de 10 años de prisión, misma que fue confirmada en 2023. No obstante, el caso ha pasado por diversos recursos legales que derivaron en la reposición de la sentencia.
Con la resolución de la SCJN, el proceso entra ahora en una nueva etapa en la que se deberá emitir un fallo actualizado conforme a los criterios establecidos por el tribunal colegiado.
