Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, son investigados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, por lo que les fueron revocadas sus visas, de acuerdo con información del diario Los Angeles Times.
De acuerdo a Los Angeles Times, la visa de Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue cancelada desde 2025 y actualmente es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Mientras Américo Villarreal, es investigado por redes de contrabando de combustible robado, conocido como huachicol, sin embargo, el mandatario tamaulipeco rechazó las acusaciones y aseguró que las afirmaciones son falsas, carecen de pruebas y forman parte de versiones sin sustento.
En tanto, la titular de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, negó que Durazo Montaño esté siendo investigado y afirmó que cuenta con visa.
“El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”, indicó Paloma Terán a través de su cuenta de X.
Fuentes cercanas al caso señalaron que ambos gobernadores continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial conocido como “libertad condicional por beneficio público significativo”, este mecanismo suele otorgarse a personas que colaboran con las autoridades o participan como testigos en investigaciones.
Se dio a conocer que el gobernador Alfonso Durazo viaja con regularidad a Estados Unidos para recibir atención médica especializada bajo dicho esquema migratorio. Américo Villarreal también cuenta con el mismo permiso especial para ingresar a Estados Unidos, en este caso, al cruzar la frontera suele ser acompañado por funcionarios estadounidenses.
De acuerdo al reporte de Los Angeles Times, Estados Unidos ha intensificado la revisión de visas y las investigaciones contra funcionarios mexicanos de distintos niveles de gobierno.
El diario reveló que al menos 50 políticos y servidores públicos mexicanos habrían sido afectados por cancelaciones de visas durante los últimos meses.
