Suman 27 reformas constitucionales y 76 legales en dos años, informó la Consejera Jurídica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que las 27 reformas constitucionales y 76 legales aprobadas durante los dos primeros años de su gobierno “recuperan el sentido social de la Constitución, la democracia y la soberanía”.

 

“La Cuarta Transformación tiene hoy una nueva norma constitucional que echa atrás una buena parte de las reformas del neoliberalismo y que recupera soberanía, avanza en la democracia, el reconocimiento de los pueblos y derechos sociales. Es un cambio profundo que se refleja en cambios constitucionales y legales para el presente y el futuro del país”, puntualizó la presidenta Sheinbaum.

 

Por su parte, Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de presidencia, destacó que entre las reformas aprobadas están aquellas cuyo objetivo es el fortalecimiento de la democracia y la austeridad republicana como la sustitución de “órganos altamente costosos para el país” como el INAI, el IFT y la Cofece.

 

 

Resaltó el fortalecimiento de Pemex y CFE, la recuperación de los trenes de pasajeros, el impulso al maíz nativo y la prohibición del maíz transgénico, así como reformas relacionadas con el derecho humano al agua.

 

En cuanto al tema de seguridad y justicia, Alcalde enumeró reformas dirigidas al combate de la extorsión, tráfico de fentanilo y armas, facturas falsas, lavado de dinero y feminicidio, así como el fortalecimiento de instituciones que lo combaten como la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.

 

 

En el rubro de bienestar y prosperidad compartida se han incorporado derechos laborales fundamentales como la llamada “ley silla”, así como reformas relacionadas con la jornada laboral de 40 horas, igualdad salarial entre mujeres y hombres, trabajadores de plataformas digitales, jornaleros agrícolas y acceso a la vivienda

 

 

Mientras que en el paquete legislativo destacó la seguridad, el combate a la impunidad y el acceso a la justicia mediante leyes para castigar con mayor severidad la extorsión, la emisión de facturas falsas y el feminicidio, así como la reforma al Poder Judicial y los mecanismos de blindaje electoral.

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