Aprueban en comisión que deudores alimentarios no puedan ser candidatos o servidores públicos

La Comisión de Puntos Constitucionales de la LX Legislatura del estado, presidida por el diputado Manuel Pozo Cabrera, e integrada por el diputado Christian Orihuela Gómez, además de estar presentes los legisladores Mariela del Rosario Morán Ocampo y Germaín Garfias Alcántara, así como representantes de los Ayuntamientos de los municipios de San Juan del Río, Colón, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, El Marqués y de Cadereyta de Montes, en su carácter de integrantes del Constituyente Permanente de nuestra entidad; aprobaron el proyecto de dictamen de la “Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público; y la Iniciativa de Acuerdo por el que la Sexagésima Legislatura del Estado, reforma los artículos 8, 28 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, el artículo 19 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, el artículo 59 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, y el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro”.

El presidente de la comisión legislativa, diputado Manuel Pozo Cabrera, informó que las iniciativas que hoy se dictaminan de manera conjunta, fueron presentadas en su momento por los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional: Mariela Morán Ocampo, Maricruz Arellano Dorado, Alejandrina Verónica Galicia Castañón, Ana Paola López Birlain, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Leticia Rubio Montes , Liz Selene Salazar Pérez, Dulce Imelda Ventura Rendón, Luis Gerardo Ángeles Herrera, Enrique Antonio Correa Sara, Germaín Garfias Alcántara, Uriel Garfias Vázquez, Guillermo Vega Guerrero y Luis Antonio Zapata Guerrero; así como Daniela Salgado Márquez y él, del Grupo Legislativo de Querétaro Independiente; además de otras iniciativas presentadas por los diputados Paul Ospital Carrera y Graciela Juárez Montes, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.

Previo a la votación del dictamen, la diputada Mariela Morán Ocampo, enfatizó que este dictamen es de vital importancia para beneficio de las niñas, niños y adolescentes del estado, porque se están atendiendo sus intereses superiores, siempre buscando su bienestar. Expresó que las y los deudores alimentarios, deben asumir sus consecuencias, desde su irresponsabilidad en la vida pública, enfrentarlas y subsanarlas.

“Ni Querétaro, ni México, ni sus familias, pueden estar en manos de omisos, o en manos de evasores, es por eso, que tenemos que hablar, escuchar y, sobre todo, legislar; yo celebro que ahorita estemos haciendo este trabajo legislativo para evitar que estos deudores sigan estando en cargos públicos; obviamente estas graves omisiones con las familias receptoras pueden convertirse, en omisiones para la ciudadanía el día de mañana, así que al cerrarles las puertas del servicio público, así como un eventual registro de candidaturas para cualquier cargo de elección popular, a quienes se encuentren catalogados como personas deudoras alimentarias, morosas, desde esta Legislatura le abrimos la puerta a la certeza jurídica, a la razón, a la protección y restitución de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes”, advirtió la diputada Mariela Morán Ocampo.

En su intervención, el diputado Manuel Pozo Cabrera, señaló que este dictamen también forma parte de una armonización que se realiza a partir de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual dijo, es una reforma trascendente, que tiene como naturaleza principal, visibilizar la problemática que hoy existe respecto a los deudores alimentarios.

Asimismo, el diputado Germaín Garfias Alcántara, indicó que con la aprobación de este dictamen, se da un gran paso, pues dijo, es ilógico que los servidores públicos puedan acceder a algún cargo cuando no son ciudadanos ejemplares.

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