El Canciller Roberto Velasco Álvarez informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) interpondrá denuncias penales en Estadios Unidos contra elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en centros de detención y operativos que ocasionaron la muerte de migrantes mexicanos.
El Canciller informó que suman 17 migrantes mexicanos que han perdido la vida en situaciones relacionadas con acciones de ICE, de las cuales, 14 han sido en centros de detención y 3 en operativos, como el caso de Lorenzo Salgado Araujo.
“La realidad es que a Lorenzo Salgado le quitan la vida agentes de ICE, el pasado 7 de julio. Recibió una serie de disparos en un incidente que tiene que ser investigado con absoluta seriedad”, sentenció el funcionario.
Explicó que ya se han enviado 11 notas diplomáticas de “protesta formal” al Gobierno de Estados Unidos, donde se exige el esclarecimiento de los fallecimientos, en las que se responde que se realizarán las investigaciones correspondientes.
Entre las acciones que llevará el Gobierno de México, el Canciller detalló que se dará acompañamiento a los familiares de las víctimas, además de llevar el caso ante el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, así como una solicitud formal al CIDH para que se revise el caso de manera urgente.
Asimismo, explicó que ante la petición de la presidenta de realizar acciones contundentes para responder ante la tragedia y garantizar los derechos humanos de los connacionales en Estado Unidos.
“La SER va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal, contra quien resulte responsable, denuncias ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de EU por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE”, explicó Velasco.
Señaló que ya no se enviarán notas diplomáticas, sino que pasarán directamente a las Fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre los hechos para que se investigue en el ámbito penal sobre lo que está ocurriendo.
Asimismo, detalló que se iniciarán acciones civiles mediante cartas de cese y desistimiento contra las empresas que operan los centros de detención, por acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que llevaron a la muerte de mexicanos en dichos centros.
